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Opinión

Comparecencia, disfrazada de raja política y electoral

385 Grados / Tlaxcala / OPINIÓN / Renata JUÁREZ / TRASFONDO / El revanchismo político ciega a los diputados del Congreso del estado, se han enfrascado en un tema que poco abona a la población tlaxcalteca, por el contrario, pretenden sacar raja política y electoral.

Muy pronto se les olvidó a los legisladores perredistas y del PT, el compromiso que hicieron de trabajar de forma conjunta a favor de la ciudadanía, mantener una relación de respeto y trabajar de forma coordinada con el gobierno estatal, pacto que signaron el 15 de agosto pasado y que a tres meses han echado por la borda.

En su desmedida y torpeza actuación, pierden de vista que sus peticiones sobre pasan de lo que les permiten las leyes federales y estatales, incurriendo en evidente invasión de esferas y competencias de poderes, evidenciando su total desconocimiento de la legislación.

En lugar de sumarse y abonar al desarrollo de Tlaxcala, los legisladores incitados por los diputados de oposición del PRD y PT, ahora pretenden la comparecencia del secretario de Gobierno, Sergio González con el propósito de requerir información sobre la contratación de los funcionarios de primer nivel en el gabinete estatal.

Y saber si algún servidor público auxilió a Alfredo Álvarez Valenzuela para evadir la acción de la justicia federal.

A los señores diputados se les olvida que su función principal es legislar y fiscalizar a favor de la población tlaxcalteca, pero nunca jamás pueden constituirse en Ministerio Público para investigar e indagar hechos que se les antoje, para eso existe la institución del MP federal y local para abrir las carpetas correspondientes y desarrollar las indagatorias que correspondan conforme a la ley y la presunción de inocencia que establece la propia legislación.

La necedad de los diputados de llamar a comparecencia a González Hernández para saber si los servidores públicos del gabinete legal y ampliado fueron debidamente investigados, antes de asumir el cargo, eso implica una invasión de facultades y de competencia.

Pero, eso no implica que el gobierno del estado haya dejado de verificar que toda la documentación y cumplimiento de los requisitos de todos sus funcionarios públicos esté apegada a derecho y estos actos son susceptibles de ser revisados por los entes fiscalizadores respectivos.

Dicen que el buen Juez por su casa empieza, y es ahí donde los diputados del Congreso del estado deben aclarar primero qué trabajadores son los que tienen dentro de la nómina del Poder Legislativo, pues ha trascendido que los congresistas tienen a sus familiares dentro de la nómina legislativa.

Para llamar y exigir cuentas, el diputado del PT, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes primero debería de aclarar y transparentar los más de 57 millones de pesos que ejerció durante los tres años de la legislatura anterior, precisamente del “Fondo Moche” que, sin empacho, se adjudicaron y que para el siguiente año se les pretende desaparecer y que no están de acuerdo.

Pues claro, la eliminación representa que los legisladores dejen de recibir millones de pesos que ejercen en discrecionalidad para engordar sus bolsillos y para catapultar sus ambiciones políticas.

El trasfondo de la comparecencia del Secretario de Gobierno de Tlaxcala, es que los diputados del PRD y PT pretenden presionar para negociar que les mantengan el “Fondo Moche” que quieren por más de 500 millones de pesos.

Buscan distraer la opinión pública, para esconder sus ambiciones personales y políticas para mantener ese recurso millonario que usan a discrecionalidad y que no es para beneficio de la población tlaxcalteca.

La insistente comparecencia que sostienen sin fundamento, no es procedente, en primera porque se trata de una clara invasión de competencias y, en segunda porque los diputados quieren hacer de esta acción un escarnio político y mediático.

En tales condiciones, la información del Ejecutivo es proporcionada a través de los entes cuando sean requeridos, mediante los procedimientos regulares de fiscalización que establecen las leyes.

En cuanto al tema del exfuncionario Alfredo Álvarez Valenzuela, y el hecho de que los diputados pretenden manchar a la administración pública con intereses meramente partidistas, en cumplimiento al deber de sigilo, el Poder Ejecutivo no debe revelar de manera pública, ni privada, ninguna información a no ser que sea requerida por las autoridades investigadoras competentes.

El Código de Procedimientos Penales establece que, de no acatar dicha obligación legal, se estaría ante la condición de revelar información que pudiera entorpecer las investigaciones de naturaleza grave, sin embargo, esto no implica ningún encubrimiento en virtud de que, como es del dominio público, el Gobierno del Estado está colaborando de manera amplia, abierta y sin reserva alguna con las autoridades competentes.

De existir responsabilidad de cualquier servidor público, se ha demostrado que el actual gobierno estatal actuará dentro de los cauces legales, cumpliendo con la coordinación interinstitucional que existe y sin que se encubra persona alguna.

Tampoco hay que perder de vista que los artículos primero, segundo y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principales pilares fundamentales que sostiene al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es el “principio de presunción de inocencia”, derecho del que goza toda persona hasta en tanto no se le demuestre lo contrario.

La insistencia de la comparecencia del Secretario de gobierno ante los diputados del Congreso del estado, tiene clara tendencia de buscar raja política y electoral por parte de los diputados, y no es coincidencia que justamente cuando se va a discutir, analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el año 2022 en el Poder Legislativo, los legisladores del PRD y PT hayan iniciado este embate disfrazado de rendición de cuentas.

Buscan un alboroto con pretensiones económicas y financieras.

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