385 Grados
8 Columnas

Aspirantes a la PGJE desconocen alcance y obligaciones de la AVGM para erradicar la violencia de género

*Presentan examen de oposición en el Congreso local.

385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Con muestra de desconocimiento sobre los alcances que tiene la reciente declaratoria de Alerta de Género para Tlaxcala y solo con el ofrecimiento de capacitar a funcionarios, atención cercana a la ciudadanía y combate a la corrupción y a la impunidad, este día María Antonia Aquino Trujillo, María Teresa Ramírez Cortés y Ernestina Carro Roldán, aspirantes a ocupar la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fueron evaluadas por especialistas ante el pleno del Congreso local.

En sesión extraordinaria de este lunes, por mayoría de votos, diputados locales aprobaron el acuerdo de la Comisión Especial en el que se determinó que Ramón Lascano Fernández, Marco Antonio Muñoz Guzmán y Norma Estela Pimentel Méndez serán el sínodo encargado de aplicar el examen público de oposición a las integrantes de la terna enviada por la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

De acuerdo con la dinámica, cada una de las tres aspirantes presentaron en un tiempo de cinco minutos su plan de trabajo y fueron sometidas a un bloque de tres preguntas por parte de cada uno de los académicos, con un tiempo de tres minutos para exponer sus respuestas.

La primera de ellas en ser evaluada fue María Antonia Aquino Trujillo. Nerviosa ante los especialistas, en su presentación se pronunció por un trabajo colaborativo con las procuradurías del país y en su opinión, afirmó que el sistema inquisitorio es el mejor que el adversarial pues este último es lento derivado de la alta carga de trabajo por parte del personal.

La presidenta del jurado calificador, Norma Estela Pimentel Méndez la cuestionó  sobre los alcances de la reciente declaratoria de Alerta de Género en el estado de Tlaxcala ante el incremento de casos de muertes violentas y feminicidios; al respecto, la aspirante aceptó tener desconocimiento de sus alcances y para salir del paso se pronunció por seguir los protocolos que garanticen la protección de las niñas, niños y mujeres.

La segunda en pasar al Pleno para su evaluación fue María Teresa Ramírez Cortés. Frente a los especialistas y ante las miradas de los diputados, propuso un trabajo multidisciplinario e integral con el personal de la procuraduría, una revisión de cada uno de los expedientes para observar el cumplimiento de requisitos para su contratación y permanencia, así como su profesionalización y especialización de acuerdo al servicio profesional de carrera, pues, consideró, que ello garantizará un desempeño integral de sus funciones.

Para prevenir, detectar y erradicar la corrupción entre los servidores públicos planteó la creación de la Visitaduría Interna, órgano encargado de vigilar el desempeño, así como agilizar los trámites, garantizar el respeto de los derechos humanos y la reparación del daño.

También priorizará la persecución de delitos de mayor impacto, para ello buscará el trabajo colaborativo con estados colindantes a Tlaxcala.

Operativos en centros recreativos en Tlaxcala y una “invitación” a cambiar su vida, la instalación de albergues, atención psicológica ante la “falta de amor” e investigación fue la propuesta para combatir el delito de trata de personas, en respuesta al cuestionamiento de los académicos.

Sobre el papel que tendrá que desempeñar la procuraduría respecto a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que declara inconstitucional penalizar el aborto en México, por lo que partir de ahora, no se podrá procesar a ninguna mujer que aborte en México, opinó que, si bien beneficia a este sector para decidir sobre su cuerpo, se deberá implementar una mejor educación en casa y en las escuelas para que, desde pequeños, se les enseñe a valorizar la vida.

La profesional del derecho también aceptó desconocer los lineamientos y responsabilidades de la procuraduría para la atención de la Alerta de Género dictada el pasado 18 de agosto en la entidad, pero se pronunció por la revisión de los ordenamientos legales que permitan detectar las deficiencias y permitan la atención a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

La última en pasar y, quien es casi un hecho que será nombrada como nueva procuradora en Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán se pronunció por una procuración de justicia e investigación científica con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, reducir en 30 minutos la presentación de las denuncias, recuperar la confianza hacia las autoridades y una atención abierta y cercana a los tlaxcaltecas.

En la exposición de su plan de trabajo, la exmagistrada interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, afirmó que los delitos de bajo impacto serán resueltos con los medios alternativos de solución y la reparación del daño a las víctimas será una realidad.

Mientras que en los delitos de alto impacto se realizará una investigación con eficacia y eficiencia en la que personal de la procuraduría deberá tener el perfil y serán sometidos a una evaluación constante para evitar corrupción e impunidad.

En el delito de trata de personas y feminicidios se implementarán los protocolos, acompañamiento y atención integral de la víctima, a quien se le garantizará una correcta investigación y evitará la revictimización.

Se pronunció por implementar un trabajo colaborativo con municipios, estados colindantes, la federación e incluso con unidades de inteligencia internacionales como el FBI, pues este delito ha traspasado fronteras, de ahí la necesidad de que se atienda la situación que se vive en el corredor Puebla -Tlaxcala que incluye a 15 municipios de la entidad y “que no lo ponemos ocultar”.

Para ello, insistió se requiere de especialización y profesionalización de las corporaciones policiacas estatales y municipales que permitan dar resultados.

En el caso de la declaratoria de Alerta de Género para disminuir casos de violencia contra la mujer y feminicidios planteó la implementación de denuncias digitales, la emisión de órdenes de protección, aplicar modelos de atención integral, refugios y políticas que permitan dar confianza a las víctimas y vencer el miedo a denunciar.

Otra de sus propuestas es la creación de la Unidad Especializada de Género y Violencia que estará integrada por ministerios públicos, policías y peritos mujeres especializadas, encargadas de realizar las investigaciones, integrar las carpetas de investigación que permitan  la ejecución de sentencias y garanticen la reparación del daño a las víctimas.

Después de un receso de 20 minutos integrantes del sínodo entregó en un sobre cerrado su deliberación a la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Ramírez Ortiz, quien lo turnó a la Comisión Especial para los efectos legales procedentes dentro del proceso para la designar a la nueva titular de la PGJE.

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