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Opinión

Derecho de audiencia

Adriana Dávila Fernández /Diputada federal / Uno de los temas que deben considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, es el relacionado a los recursos que se destinarán a los estados y municipios. Es por ello que desde hace meses, y dadas las diferencias entre la Federación y algunas entidades, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas), todos de oposición, han buscado entablar diálogo con el Presidente de la República, para tratar este tema prioritario y salvaguardar el óptimo desarrollo estatal. Es preocupante que el titular del Poder Ejecutivo Federal busque excusas -desde hace semanas- para no recibirlos, en un evidente acto de falta de voluntad política para escuchar y dar respuesta a las inconformidades.

El razonamiento de los mandatarios estatales es simple: la aportación tributaria de sus entidades al gobierno federal es significativa, y por lo mismo, solicitan que cuando menos se mantengan los mismos recursos asignados en este año y no les recorten el presupuesto, como se ha hecho en los últimos dos años.

La respuesta oficial ha sido, como en la mayoría de las veces, rehuir a la responsabilidad de procurar el bien y la prosperidad de la Unión, y más bien impulsar una estrategia de polarización utilizada según intereses clientelares, aunque no se atienda ni se resuelvan las preocupaciones de los habitantes en Estados y Municipios. Se dejan a un lado las facultades y atribuciones constitucionales, así como el espíritu del Pacto Federal.

Y en el absurdo, el inquilino de Palacio Nacional justifica la imposibilidad de reunirse con estos gobernadores porque no se prestará a «politiquería» y porque debe cuidar la «investidura presidencial¨ para no usarla con propósitos partidistas. ¡Qué considerado resultó después de tantos meses en que hemos visto muchas omisiones y excesos de sus funciones! Es difícil entender estas palabras cuando ha desvirtuado el cargo constitucional con «politiquería» que ha hecho bajo los principios de su propia Constitución, o su propia visión de justicia, o cuando ha faltado al respeto, al señalar, descalificar o violentar a cualquier persona o grupo que no coincida con sus ideas. ¿Acaso pensaría en esto cuando expuso la figura presidencial al tener consideraciones con familiares de criminales, en concreto, de la familia Guzmán, al asistir a un festejo, saludar a la madre de «El Chapo», Joaquín Guzmán, y dar la orden de liberar al hijo, Ovidio Guzmán?

Por desgracia, poco ha importado el bien supremo de la Patria, pues lo que ha prevalecido es el cumplimiento estricto de las órdenes de un solo hombre; tener sometido al Poder Judicial y que el Poder Legislativo apruebe iniciativas que favorezcan la disposición discrecional y sin registro de dinero público, sin transparencia, ni reglas de operación ni rendición de cuentas para sus programas sociales, cuyos destinatarios son en realidad quienes conforman su estructura electoral. Ha sido más redituable el manejo mediático del reparto de culpas al pasado y la victimización presente, aunque no se hayan enfrentado los graves y complejos problemas derivados de la pandemia, las crisis económicas, de salud y seguridad pública que hoy se han agudizado.

Es lamentable que el Presidente no encuentre motivación suficiente ni tiempo para escuchar a los gobernantes aliancistas que apelan al derecho de audiencia presidencial, quienes han afirmado que «buscan un país equitativo en todos sus órdenes… Conscientes de la corresponsabilidad que nos atañe en el bienestar de todos los estados y municipios. Por ello, pugnamos por un federalismo solidario, pero también sostenible». Esperemos que sus inquietudes sean atendidas. No es momento de abonar a conflictos políticos.

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