385 Grados
Opinión

Un movimiento intransigente

385 Grados / Aurora Arenillas / Luego de prácticamente un mes de intransigencia, finalmente fueron recuperadas las instalaciones del de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET).

Sin duda, la actuación de las autoridades fue importante, porque de manera ilegal los trabajadores inconformes, adheridos a la delegación D-III-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mantenían tomadas instalaciones públicas, afectando a otros empleados y, sobre todo, a la comunidad educativa.

El movimiento que encabeza Gwendolyne Amaro Ramírez no reconoce jerarquías, pues pretende ser el canal institucional para negociar una serie de demandas, cuando lo conducente sería que lo hiciera el secretario general de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona.

Lo que se ha podido apreciar en las últimas semanas es que, al no tener el apoyo total de la base, manipula a otros trabajadores para tratar de obtener beneficios propios, como apropiarse del control de la cafetería y el estacionamiento de la USET, beneficiar a su cónyuge -por cierto, ligado al grupo de la súperdelegada Lorena Cuéllar Cisneros- con la asignación de los banquetes que corresponden al sector educativo, y que les otorguen plazas a sus allegados.

Por ese motivo en el SNTE no la apoyan, sin contar que sigue instrucciones de la agrupación Maestros por México, cuyos intereses son ajenos a los de su agrupación sindical.

Además, se sabe que su empecinamiento por retirar de sus funciones a Claudia Inés Xochihua de la Dirección de Relaciones Laborales obedecería a que la funcionaria de la USET la cambió de adscripción porque se negaba a trabajar.

En pocas palabras, estamos ante otro caso de un liderazgo que recurre a la presión y al chantaje para obtener beneficios extralegales, y en ese tenor no es de extrañar que en las oficinas recuperadas se hallaran envases de cerveza y licor, así como un cajero automático desvalijado.

Esperemos que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiguen hasta sus últimas consecuencias las acciones fuera de la ley en que incurrieron los inconformes, y que la autoridad educativa rechace aquellos planteamientos que van en contra de la educación de calidad y el uso responsable del presupuesto.

Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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