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Limpia total en el IAIP Tlaxcala, destituyen a los tres comisionados y llaman a suplentes

Marlene Alonso Meneses alegó que su destitución como comisionada del IAIP Tlaxcala fue política y sin argumentos.

Posted by 385 Grados México on Thursday, July 18, 2019

Maire PISCIL/ Tlaxcala/ Los tres comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), José David Cabrera Canales, Francisco Morones Servín y Marlene Alonso Meneses fueron destituidos del cargo por el Congreso del Estado, con lo que llegó a su fin la disputa por la presidencia de ese organismo que mantuvieron durante meses.

Primero, con 16 votos a favor, diputados locales determinaron destituir del cargo de comisionados a José David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, por generar un “trastorno” en el funcionamiento normal del órgano garante al desacatar el decreto 217 del Poder Legislativo y dedicarse a litigar los recursos en su contra, lo cual provocó perjuicios a la sociedad al no garantizarle su derecho al acceso a la transparencia e información.

En sesión extraordinaria realizada la noche de este martes, el pleno del Congreso local se erigió como Jurado de Sentencia y aprobaron el dictamen de conclusiones con proyecto de acuerdo para resolver el juicio político presentado en contra de los dos comisionados por su homóloga, Marlene Alonso Meneses, dentro del expediente SPPJ001/ 2018.

Por lo anterior, los legisladores acordaron llamar a los suplentes Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández para que asuman funciones y concluyan el periodo por el que fueron nombrados Morones Servín y Cabrera Canales, respectivamente.

De acuerdo al proyecto presentado por la comisión de Instructora de Juicio Política, Declaración de procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, establece que ambos servidores incurrieron en responsabilidad de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, de ahí que se procedió a ejercer la sanción establecida y ser destituidos del cargo.

Dentro del dictamen los legisladores señalaron a ambos comisionados de “justificar” su desacato al decreto 217 por el que el Congreso local nombró por única ocasión a Marlene Alonso Meneses como presidenta del IAIP-Tlax por un periodo no mayor de tres años, lo que generó “un trastorno en el funcionamiento normal del instituto” y con ello, desvirtuaron su responsabilidad que es el garantizar el derecho a la información y no de nombrar al titular del órgano garante.

En su defensa ambos comisionados, calificaron de ilegal el dictamen que fue presentado ante el pleno, pues aseguraron que fue elaborado por “alguien externo a la comisión instructora de Juicio Político y no conoce el expediente, las pruebas, las sentencias y las instancias estales y federales nos dieron la razón”.

“De aprobar este dictamen el mensaje que darían a la sociedad es que reina la impunidad, que quien vea un delito es mejor que calle porque tendrá peores consecuencias que aquel que violenta la ley”, soltó Morones Servín.

Por su parte, José David Cabrera Canales advirtió que, si bien pasarán a la historia como los primeros servidores públicos destituidos, también el Congreso pasará a la historia al ser impugnado su proceso legislativo, por ser ilegal.

“Si toman la decisión de destituirnos, pasará a la historia porque seremos los primeros servidores públicos relevados de un cargo, pero seremos a través de un procedimiento los primeros que impugnemos un dictamen que no se apega a la legalidad, esto, el que no haya un debido proceso como lo establece el artículo 14…porque no hay razón de que una comisión distinta a la comisión de Juicio Político haya hecho el proyecto, el cual no es un asunto de urgencia y obvia resolución, no lo es, tampoco lo es, que la comisión no haya hecho su trabajo, acudimos a presentar pruebas y alegatos, pruebas de que demuestran que incurrimos en las dos causales en el artículo 11 de la Ley de Servidores Públicos”.

Defendió que la defensa legal que emprendieron fue una respuesta a la “embestida” que inició Alonso Meneses después de que fue destituida del cargo el pasado 16 de febrero por incurrir en decisiones unilaterales y arbitrarias, así como en nepotismo.

“Diputados no sé si valga la pena, porque tal vez ya tomaron una decisión de destituirnos, pero les digo una cosa diputados, lo que van hacer en contra de dos funcionarios que no tenemos una responsabilidad y lo único que hice es que no permití ser esclavo, estar hincado frente una persona que anuló mis derechos como comisionado”, al tiempo que cuestionó la ausencia de los integrantes de la comisión Instructora de Juicio Político.

Ambos comisionados decidieron que su abogado- un defensor público- no hiciera uso de la palabra.

Cabrera Canales recalcó que “el problema no es una lucha por un cargo, por la presidencia, el presidente no gana más que los comisionados ni tiene más atribuciones, tiene más responsabilidades, tiene que poner el ejemplo, un presidente que debió haber cuidado el trabajo colegiado y debió acatar las decisiones del máximo órgano de gobierno que fue el pleno y en el instituto eso no ocurrió, el presidente se puso por encima del consejo general tomado decisiones unilaterales, ilegales, actos de corrupción, por eso relevamos a esa presidenta, para respetar la cuestión de género, nuestro acto fue apegado a derecho así lo han resuelto varias instancias jurisdiccionales”.

Sin embargo, sus alegatos no fueron tomados en cuenta y los legisladores decidieron destituirlos del cargo de comisionados del IAI-Tlax.

Momentos más tarde, y en las primeras horas de este viernes, los legisladores declararon procedente el juicio político en contra de Marlene Alonso Meneses y con ello, impusieron una sanción la cual que establece su destitución como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), al determinar que con sus acciones trastornó el funcionamiento del órgano garante.

Lo anterior, con base a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el cual establece las causas de procedencia de los Juicios Políticos, a solicitud de los comisionados José David Cabera Canales y Francisco Morones Servín en contra de Alonso Meneses, dentro del expediente SPPJP002/2018.

Pese a la ausencia de los integrantes de integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, encabezada por José María Méndez Salgado, ante el pleno del Congreso local dieron lectura al proyecto de acuerdo en el que establece que Alonso Meneses violó el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su fracción XIV, el cual marca que “deberá abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado, y en línea transversal hasta el cuarto grado por afinidad o civil, que por razón de su adscripción pertenezcan a la dependencia, entidad, ayuntamiento o unidad administrativa en la que sea titular.

Pese a ello, reseña el documento “la denunciada contrató a su tío político el Señor Mario Cruz Cisneros y lo nombró como Director de Desarrollo Administrativo del IAIP-Tlax, con lo cual incurrió en una falta grave”, situación que fue acreditada con las copias del registro Civil.

En sesión extraordinaria en la que el pleno del Congreso local se erigió como Jurado de Sentencia, dieron lectura al documento el cual establece “por lo que la denunciada sabía bien que con su actuación cometía violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública estatal así como de los poderes legislativo y judicial, organismo públicos autónomos y a las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales, puesto que transgredía sistemáticamente lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala”.

Además, se determinó que al no tomar en cuenta la opinión de los comisionados, Alonso Meneses incurrió en violación “a las garantías individuales y sociales de manera reiterada y se trastorna el funcionamiento normal del Instituto”.

Asimismo, determinaron que “incurrió en una franca violación a las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, como lo es el Reglamento Interno del Instituto, al separar de su cargo a los servidores públicos del Instituto, sin tener la facultad ni la autorización del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que como ha quedado precisado en líneas anteriores el Consejo General es el órgano máximo de decisión del Instituto y se integra por tres comisionados propietarios”.

Por su parte, en su defensa Marlene Alonso Meneses cuestionó la legalidad y el debido proceso realizado en su contra por los legisladores y resultado, dijo, “para cumplir los antojos de algunos servidores públicos y que ha dejado empañado a la institución”.

Defendió que realizó su trabajo como presidenta del organismo en cumplimiento a la ley en materia, prueba de ello es que, a pesar de remar contra corriente y no contar con el apoyo de los comisionados José David Cabrera Canales Canales y Francisco Morones Servín, ella y el resto de los trabajadores dieron cumplimiento a sus responsabilidades.

Además, hizo referencia a que algunos de los razonamientos fueron realizados por su condición de género.

“Es un tema histórico, estoy en sus manos para juzgarme, hoy habrá un antes y después en la transparencia. Mi trabajo ha estado en cumplir con la normatividad pero sobre todo, acudí a presentar un juicio político para hacer del conocimiento de la violación del decreto 217, con la finalidad de que era importante que los decretos del Congreso son de observancia y leyes que debemos cumplir”.

Por su parte, su defensa solicitó exhibir el dictamen con la firma de los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, quienes no asistieron a la sesión, situación que no tuvo eco.

En consecuencia, los legisladores determinaron llamar a su suplente, Didier Fabián López Sánchez quien deberá asumir funciones de manera inmediata y cumplir con el periodo por el que fue nombrada.

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