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Rechaza SEGOB fuga de información en PGJE para evitar que ex alcaldes sean detenidos

*Afirmó que la administración estatal actuará en estricto apego a la ley.

Maire PISCIL / Tlaxcala / La secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, rechazó que exista fuga de información por parte de personal de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) respecto a los procesos penales que se siguen en contra de exautoridades municipales por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

 Y es que el exalcalde de Tlaxcala, Adolfo N. y el Director de Obras de esta comuna, Daniel N. tramitaron ante la justicia federal un amparo para evitar se ejecutara la orden de detención en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio públicos, fraude, peculado y desvío de recursos públicos y la falta de comprobación de 45 millones de pesos.

 En cuanto a la detención de la extesorera de Tlaxcala, Norma N. por su probable responsabilidad  en el delito de uso indebido de atribuciones  y facultades, por lo que fue recluida en el anexo femenil de  Centro de Reincersión Social de Apizaco, sentenció que la administración estatal actuara en estricto apego y respeto a la ley.

“Es un asunto jurídico que viene ventilándose, no es un asunto de días, en razón de las actuaciones jurídicas que realizan  cada una de las partes, se tienen derecho de anteponer los recursos que requiere los procedimientos”, comentó.

 Sentenció que las partes involucradas  están en el derecho de interponer los recursos que así consideren para seguir con el trámite por la vía legal y que es resultado de un proceso que inició el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

 Insistió que  “nosotros como lo hemos hecho siempre de lo que está en el marco de la ley seremos respetuosos”.

 Ante los movimientos en el gabinete Federal, descartó que en la administración estatal se den movimientos por el interés de funcionarios locales de participar en el proceso de julio próximo.

 Asimismo, comentó que el gobierno estatal cumplirá con la veda electoral que establece la suspensión de difusión  de los programas sociales.

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