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Sordos y mudos ven vulnerados sus derechos en acceso a la justicia y a la salud

*Tlaxcala no cuenta con intérpretes en juzgados ni hospitales para ese sector.

385 Grados / Tlaxcala / Sordos / Antonio GUARNEROS / En Tlaxcala, las personas con discapacidad auditiva y del habla ven vulnerados sus derechos en cuanto al acceso a la justicia y a la atención médica integral, debido a que no hay intérpretes que los puedan asistir, denunció la presidenta del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), María del Carmen Mazarrasa Corona.

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En el primer Foro “De la Familia”, efectuado este lunes en el Patio Vitral del Congreso del Estado, en cual se trató el tema ‘Familia, Discapacidad y Derechos Humanos’. La funcionaria estatal aseveró que en Tlaxcala no se cuenta con intérpretes de lenguaje de señas mexicanas en los hospitales del sector salud, tampoco en la atención para la procuración y acceso a la justicia, además de que tampoco hay programas de gobierno realizados con perspectiva de discapacidad, aunque sí lo hay con perspectiva de género.

Con ello, sentenció que se hace difícil y se vulnera el derecho de las personas con discapacidad el acceso a la justicia, ya sea como víctimas o como victimarios, en ese sentido comentó que el ITPCD ha atendido tres casos de sordos y mudos que requieren del apoyo de intérpretes para mediar ante una autoridad su situación jurídica o penal.

“No contamos con intérpretes de lenguaje de señas en los hospitales de salud pública, y no contamos con intérpretes en la atención para la justicia, no hay forma de defender a una personas que no escucha si no tenemos cómo entenderle, y la ley lo marca, pero debemos estar pendientes de que en estos espacios tengan,  si no diario, por lo menos a la mano a una persona para atender a las personas que lleguen con discapacidad auditiva que puede ser la víctima o el victimario para poder atenderlos”, añadió.

Para ello, dijo, es necesario que tanto la Secretaría de Salud (SESA), el Tribunal de Justicia del Estado (TSJE) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) inviertan recursos para capacitar a su personal en el manejo del lenguaje de señas para garantizar el acceso a los servicios que brindan, pues de no ser así se corre el riesgo de que las personas con discapacidad auditiva y del habla no accedan a la justicia, y tampoco a una atención integral en salud.

“Sí perjudica esta situación, aunque tratamos de atenderlo nosotros, sí perjudica en el proceso porque puede hacerse más lento, creo que el sistema de la justicia deben estar conscientes de que es necesario contar con intérpretes y si no pueden contratar a un profesional pueden aprender y nosotros facilitamos la capacitación para que estas personas con discapacidad auditiva accedan a la justicia”, indicó.

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