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Tlaxcala Capital

Síndicos de Panotla y Tlaxcala se disputan presidencia de asociación estatal

De entre Héctor Martínez y Evelyn Chargoy saldrá el nuevo dirigente.

Edgar GARCIA/ Tlaxcala / Este jueves se definirá la presidencia de la Asociación Estatal de Síndicos del Estado de Tlaxcala, y a la recta final arriban los representantes legales de los ayuntamientos de Tlaxcala, Héctor Martínez, y de Panotla, Evelyn Chargoy.

El cabildeo al interior de los ayuntamientos está en su apogeo, y aunque se marca como favorito al ex diputado local, y ex secretario parlamentario del Poder Legislativo, Héctor Martínez, no se descarta que la síndico de Panotla, Evelyn Chargoy gane la partida.

Hay 2 planillas la primera integrada por Evelyn Chargoy de Panotla; Isela Carvajal de Apetatitlan; Elizabeth Cuatepitzi de Quilehtla; Alicia Flores de Yauquemehcan; Carina Flores de Calpulalpan; Jose Anastacio Amador Márquez López de Tlaxco y Minerva Cervantes de Tetlatlahuca.

La segunda es encabezada por Héctor Martínez de Tlaxcala; Daniela Fuentes de Huamantla; Nelida Lara de Papalotla; Linda Mejía de Chiautempan, Yolanda Carrillo de Tetla; Martha Armas de Tzompantepec; y Annel Vaázquez de Muñoz de Domingo Arenas.

Recordar que la actual presidenta de la mesa directiva es Katy Valenzuela, ex-sindico de Tlaxcala, quien denunció durante su gestión acoso y terrorismo laboral de los alcaldes hacía el trabajo de síndicos de diversos municipios.

Evelyn Chargoy ha declarado que una de sus propuestas es evitar la violencia hacía los síndicos, y que haya garantías para que lleven a cabo su trabajo, además que no solaparán malos manejos de los presidentes municipales.

La Ley Municipal de Tlaxcala establece que es obligación realizar la procuración y defensa de los intereses municipales; representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos; vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización Superior.

Dar aviso de irregularidades en el manejo de la hacienda pública municipal al Órgano de Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su disposición; denunciar ante las autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los servidores públicos municipales en el ejercicio de su trabajo.

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