385 Grados
Reportero Ciudadano

Recibe CEDH capacitación sobre el análisis de recomendaciones

385 Grados/ Tlaxcala/ Con el objetivo de robustecer sus conocimientos en materia de resolutivos y recursos de impugnación en el sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) participó en el curso-taller ‘Análisis de recomendaciones’, impartido por la instructora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cynthia Berenice Bello Toledo.

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Previo a la capacitación, la presidenta interina de la CEDH, María Angélica Temoltzi Durante, resaltó la importancia de incluir en las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos la reparación del daño con una visión integral que contemple no solo una indemnización económica sino también garantías de no repetición, restitución y rehabilitación.

Durante su intervención, Bello Toledo explicó que la recomendación es un pronunciamiento público, dirigido a la autoridad responsable de vulnerar derechos fundamentales, que expresa el resultado final de una investigación realizada por las comisiones, procuradurías o defensorías de derechos humanos, en la que se documentan y acreditan las conductas violatorias.

En las instalaciones del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDH, puntualizó que las recomendaciones no deben concebirse como resolutivos que establecen la culpabilidad o inocencia de las autoridades ante determinados hechos, sino como el resultado de una investigación que comprueba si los servidores públicos aludidos actuaron o no conforme a lo que establece la ley.

Además, Bello Toledo señaló que la normatividad de la CNDH prevé recursos de impugnación ante las recomendaciones emitidas por un organismo local cuando existe un deficiente o insatisfactorio cumplimiento por parte de la autoridad, cuando los resolutivos no tienden a reparar la violación denunciada o cuando la autoridad no acepta la recomendación.

Finalmente, la instructora de la CNDH mencionó que la actividad del Estado siempre implica un riesgo de provocar algún daño o perjuicio a la esfera de los derechos humanos de las personas, por lo que resulta muy relevante que el aparato gubernamental cuente con elementos eficientes para elegir y vigilar a sus funcionarios

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