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Reportero Ciudadano

Rechaza presidenta del ITE dar marcha atrás a disminución de prerrogativas

*Pide al Congreso  20.7 millones para solventar esta partida a los institutos políticos.

*Se inconforma el PS en tribuna.

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Maire PISCIL/ La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, se dijo respetuosa de la molestia y de los procesos de impugnación que presenten los partidos políticos en contra de la disminución de sus prerrogativas, empero rechazó la posibilidad de dar marcha atrás al acuerdo que tomó la semana pasada el Consejo General del organismo autónomo local.

En entrevista, atajó que la decisión fue tomada en colegiado y respetando la distribución que señala el decreto de presupuesto aprobado por la LXI Legislatura local para 2017.

Entonces, ¿no habrá marcha atrás en la disminución de prerrogativas? Se le cuestionó.

-No podemos ir en contra de nuestros propios acuerdos, tendremos que esperar lo que resuelva la autoridad, atajó.

¿Fue una decisión ilegal aprobar la disminución a las prerrogativas de los partidos? Se le insistió.

-Tomamos la decisión en Colegiado, tomando en cuenta cómo viene la distribución en el decreto, y así es como decidimos aprobar nuestro acuerdo, en esa distribución se hace una reducción de sus prerrogativas de aproximadamente 20 millones, y fue una decisión colegiada, y estaremos esperando la determinación de las instancias competentes, precisó.

Explicó que la ampliación por 20.7 millones, que dio entrada este martes en sesión ordinaria en el Congreso local, es precisamente para subsanar el recorte al financiamiento que reciben los 11 partidos políticos con registro en el estado, entonces, “lo que solicitamos es que nos permita un acercamiento y explicar”, añadió.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Socialista (PS), Delfino Suárez Piedras, pidió a la Comisión de Finanzas aclare lo correspondiente al presupuesto asignado al ITE, sobre todo, lo que tiene que ver con el monto para el  financiamiento de partidos políticos.

Reprochó que el acuerdo aprobado por los consejeros electorales “atenta con la vida institucional de los partidos políticos, y por ende atenta contra la vida democrática de nuestro estado”.

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