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Congreso

Realizan foro sobre reformas a Ley de armas de fuego y explosivos

*Organizaciones civiles en contra de la iniciativa piden al senador Jorge Luis Preciado retirarla; México está en un contexto de violencia social y descomposición.
*No hay instituciones que garanticen la seguridad; es un derecho la defensa legítima del ciudadano, señalan organizaciones a favor de la propuesta.

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En el “Foro de análisis sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por tu derecho a la legítima defensa”, senadores, especialistas y organizaciones civiles manifestaron sus puntos de vista, a favor y en contra, sobre esta propuesta presentada por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Aseguró que “la gente cuando ve nuestra iniciativa ve una esperanza, una posibilidad, de por lo menos, poderse defender”, pues siente frustración al darse cuenta que la policía no es capaz de prevenir un delito o que el Ministerio Público ya no investiga ni siquiera 50 por ciento de lo que se denuncia.

En este sentido, informó que un grupo de organizaciones proponen una nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, “que es mucho más ambiciosa en términos de redacción que lo que yo planteo, y es para lo que se están consiguiendo las firmas. Ellos inclusive hablan del tema de subir los calibres en materia de portación y posesión”.

Yo puedo firmar su iniciativa, pero tendríamos que hacer una iniciativa ciudadana en la que la sociedad se involucrará y participará, para que llegue al Senado y aquí discutirla, y una vez que la iniciativa arranque, pues obviamente invitar a todos los compañeros a debatirla, explicó el legislador del PAN.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, senador Miguel Barbosa Huerta, expresó su respaldo a Preciado Rodríguez por “presentarse como iniciador en un tema tan polémico. Vengo a apoyar esa posición porque lo respeto, porque le tengo reconocimiento y porque se atrevió a plantear un asunto que está siempre en discusión y está siempre en la idea de cómo se podría resolver”.

Consideró que el Estado no garantiza a los ciudadanos la seguridad que requieren para su pleno desarrollo; “vivimos atemorizados, sentimos que estamos en riesgo, y por eso, este tipo de propuestas surgen y surgen con la aceptación mayoritaria de la sociedad por la sensación de inseguridad en la que se vive”.

Opinó que en México lo que venció fue la cultura de la violencia, cuando la autoridad es incapaz de controlar al crimen ordinario y después al crimen organizado, por lo que el derecho a poseer armas “en sí es un asunto de madurez social al que se debe de alcanzar”.

El senador Manuel Cárdenas Fonseca consideró que el debate de esta iniciativa debe ser amplio, rápido y con responsabilidad. Además, añadió, se deben entender los conceptos básicos que conlleva esta propuesta.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que esta iniciativa es resultado de haber llegado a un clima de hartazgo, impotencia, coraje, rabia y de ver la cerrazón de las instituciones y su rebase por parte de la delincuencia.

John Lott, defensor de la portación de armas en Estados Unidos, señaló que hay muchas similitudes entre México y ese país, donde un gran porcentaje de los asesinatos y crímenes violentos son asociados con pandillas de narcotraficantes y donde han aparecido “vengadores” que portan armas en público, debido a que temen que la policía no puede protegerlos.

Expresó que las principales víctimas de las leyes que regulan la portación de armas en México son las personas que viven en zonas pobres y urbanas y con altos índices de criminalidad, así como mujeres y adultos mayores, quienes son más vulnerables en esas circunstancias; si la policía no puede proteger a este sector deberían tener un arma para defenderse, apuntó.

Dijo que algunos pueden argumentar que la incapacidad de la policía para proteger a la gente de los delitos se puede resolver con más recursos o eliminado la corrupción; sin embargo, dijo que eso no es suficiente, pues se necesita que la gente pueda defenderse a sí misma y de esta manera disuadir el crimen.

Refirió que en algunos estados de la Unión Americana la portación de armas ha ayudado a reducir la violencia, y explicó que 75 por ciento de los delitos en ese país se producen en áreas muy pequeñas y en geografías muy específicas, mientras que, en el resto del territorio, donde los ciudadanos tienen armas, la tasa de ilícitos puede llegar a cero.

El político estadounidense recomendó que a las personas a las que se les permita portar un arma pasen por un filtro psicológico y un proceso de capacitación para su uso adecuado.

Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), manifestó que esta organización se opone a la propuesta del senador Preciado y comentó que se revisaron los 133 reportes y 200 experiencias generadas en el foro de Prevención de la Violencia y Homicidios “y no encontramos ningún solo caso en el que se recomiende la portación de armas” para disminuir este tipo de casos.

Señaló que el Estado se ha colapsado en su capacidad para proteger a los mexicanos, pero el senador del Grupo Parlamentario del PAN propone que ese “Estado fallido” sea quien controle las armas que se permitan usar a los ciudadanos.

 A nombre de Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas pidió al senador Preciado que retire su propuesta, ya que el país se encuentra en un contexto de violencia social y de mucha descomposición, por lo que abrir la puerta a una discusión de este tipo genera mayor confrontación y normaliza la respuesta de ciudadanos que toman por sí mismos las armas y hacen algún tipo de ejercicio de la violencia.

Dijo que existe una gran debilidad de las instituciones, así como una crisis de inseguridad y de violencia, donde los ciudadanos no están los suficientemente protegidos, pero lo que se tiene que discutir es cómo generar un Estado de derecho capaz de garantizar seguridad y proteger los derechos humanos.

Hizo notar que los meses de agosto y septiembre, han sido los peores en la historia de México en términos de homicidios ligados a armas de fuego. Lo que es real es que si nosotros tenemos un arma aumentamos los factores de riesgo, por eso irresponsable esta discusión, argumentó.

Luciano Segura, de México Armado, explicó que, tanto en la Constitución como en la Ley, los mexicanos tenemos derecho de poseer armas para nuestra seguridad, legítima defensa y para tramitar una licencia para su portación; actualmente hay aproximadamente 3 mil 200 licencias donde 20 por ciento son para mujeres. Precisó que ninguno de estos permisos ha estado involucrado en algún delito.

Indicó que los secuestros se han incrementado de manera exponencial y se registran 100 mil casos al año, además en lo que va del sexenio se han cometido 66 mil 400 asesinatos, y en los primeros seis meses de este año hubo 10 mil 301, por lo que a este paso habrá más de 20 mil muertos en 2016.

Ante este escenario preguntó cuántos secuestros o asesinatos se habrían podido evitar si las víctimas hubieran estado legalmente armadas.

Por su parte, Marcela Figueroa, de la organización Causa en Común, manifestó su desacuerdo con la iniciativa, pues su justificación es errónea y establece el concepto de delito como una lucha de buenos contra malos y no como uno de los muchos resultados de una sociedad desigual en donde existe un alto nivel de impunidad.

 Dijo que las reglas para la portación de armas en Estados Unidos no se pueden aplicar de la misma manera en otras naciones, debido a que las condiciones son diferentes. Desmintió además la idea de que un ciudadano armado inhibe el crimen, ya que de los 160 tiroteos contabilizados en EE.UU., desde el año 2000, sólo uno ha sido detenido por un ciudadano armado.

 Santiago Barroso, de México Barroso, manifestó que se necesita una reforma a la Ley de Armas, pues desde 1972 cuando entró en vigor el actual ordenamiento “nos han venido recetando y pregonando que las armas son malas y que es mejor dejarse robar, violar, secuestrar antes de tomar una para defendernos”.

 Hizo un llamado a los mexicanos para que no entreguen las armas a los programas de desarme voluntario y pidió el cese inmediato de estas medidas, porque se trata de una burla para la sociedad, debido a que los delincuentes no se van a “despistolizar”. Entonces, quién los va a proteger a ustedes y su familia”, preguntó.

 De Alto al Secuestro, Samuel González expresó que nunca antes, como hoy, se ha visto la utilización de armas y el linchamiento por parte de los ciudadanos para defenderse en el transporte público, porque las autoridades son incapaces de brindar seguridad.

 Luis Merino, de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, dijo que la Constitución permite a los ciudadanos portar armas, por lo que no se debería pedir permiso para que las personas estén armadas en su legítima defensa. Comentó que mientras todos los delincuentes cuentan armas, los ciudadanos se encuentran indefensos ante ellos

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