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Opinión

Todas Caben… Con Bibián Ordáz Llánes

¿De qué sirve su renuncia?

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su gestión ha estado cuestionado y se ha llegado al grado de exigir su renuncia. Ya sea porque se afirma llegó al poder por medio de un fraude electoral, por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o por actos de corrupción como la Casa Blanca, entre muchas más razones.
Peña Nieto no es el primer presidente que enfrenta este tipo de situaciones. A Felipe Calderón también se le pedía que renunciara. Sin embargo, el Artículo 86 de la Constitución mexicana dice que el cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.
Por ejemplo, sería complicado que haya una causa grave en el caso de los normalistas, debido a que los hechos se originaron en el municipio de Iguala, y luego evolucionó al estado de Guerrero, pero no necesariamente en la Federación, por lo que sería difícil que el Congreso encontrara una causa grave.
Aun cuando el Artículo 108 constitucional dice que el presidente, durante el tiempo en su cargo, solamente podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, a decir de varios especialistas ninguno de los hechos de los que se le responsabiliza, el más reciente la visita del candidato Republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, puede ser considerado como traición a la patria o delito grave.
Cierto que la gestión del presidente Peña Nieto no ha sido la que los mexicanos esperábamos y muchos quisieran que dejara el cargo, también es cierto que no existe un mecanismo constitucional los suficientemente viable y sólido para removerlo.
En otros países del continente americano sí existen formas legales para destituir sus presidentes. El ejemplo más reciente lo tenemos en la persona de Dilma Rousseff a quien se le acusó desde recibir sobornos, ocultar cuentas bancarias en el exterior y de planear la fuga del país de un preso en un avión particular.
Pero la acusación más sólida y que dio pie a que se le sometiera juicio fue haber violado normas fiscales maquillando el déficit presupuestal. Después de haber permanecido 180 días separada del cargo, en los últimos días del pasado agosto el Senado brasileño votó su destitución.
La lista de presidentes latinoamericanos destituidos u obligados a renunciar es larga. Entre los cuales podemos contar a:
Fernando Collor de Mello presentó su renuncia en diciembre de 1992, cuando el senado brasileño empezaba los procedimientos para destituirlo por cargos de corrupción.
Fernando de la Rúa renunció a su cargo el 19 de diciembre de 2001 en medio de un fuerte estallido social por una grave crisis económica en Argentina.
Manuel Zelaya, presidente de Honduras, fue destituido por el Congreso en junio de 2009 horas después de que los militares lo detuvieran y deportaran a Costa Rica.
En septiembre de 2015, Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, renunció por su presunta implicación en la trama de corrupción conocida como “La Línea”.
Aun cuando la petición de renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, principalmente a través de las redes sociales, ha tomado mayor revuelo luego de la visita de Donald Trump, lo cierto es que no tendrá mayor efecto y quedará como una muestra más del enojo social.
El problema no es el presidente, sino las condiciones y la forma en que se gobierna en este país. No es suficiente con que el gobierno renuncie sin que haya un conjunto de acciones que tengan que ver con la restitución del Estado de derecho. Por ello, más que firmas virtuales exigiendo la renuncia del mandatario, necesitamos promover mecanismos útiles de rendición de cuentas y sanción política.
Recuerden que: Arréglese al Estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo. Confucio.

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