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Revoca TET acuerdos del ITE por el que asignaron regidurías y diputaciones “pluris”

Magistrados determinan restituir el financiamiento público al PVEM y PANAL al alcanzar más del tres por ciento de la votación.

Maire PISCIL/El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) revocó los acuerdos por los que integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) realizaron la asignación de regidurías y diputaciones por representación proporcional, ya que violaron el principio de certeza y  la constitución bajo el argumento de preservar el principio de paridad de género en la  integración de los ayuntamientos y la LXII Legislatura local.

Por lo anterior, magistrados ordenaron al órgano electoral modificar en un término de 72 horas a partir de la notificación ambos acuerdos respetando el orden de prelación presentado por los partidos políticos al momento del registro de sus candidatos.

En sesión extraordinaria, el proyecto presentado por la ponencia dos a cargo del magistrado José Lumbreras García al resolver el Juicio Electoral con el número de expediente TET-JE-262/2016 y acumulados presentados por los representantes de los partidos políticos  en contra del acuerdo ITE-CG-288/2016  señaló que “no resulta aplicable  el cambio de facultades de la autoridad electoral para realizar las modificaciones”.

En la misma tesitura fue resuelto el juicio electoral bajo el expediente TET-JDC-250/2016 y acumulado en contra del acuerdo ITE-CG 289/2016, echaron abajo la asignación de regidurías a los partidos políticos en los ayuntamientos, pues fue indebida la sustitución de registro.

Los magistrados determinaron que los partidos políticos cumplieron con la paridad de género al momento de realizar el registro de sus candidatos.

En su oportunidad el magistrado, Luis Manuel Muñoz Cuauhtle consideró que el ITE “debió revisar el sistema estatal y si este principio podía aplicarse en los términos que lo hizo, pues el  artículo 41 de la Constitución federal señala que el principio de paridad es para las postulaciones no para la integración de los órganos”, luego de que basó su decisión en la jurisprudencia 33/2015 relacionado con el estado de Coahuila.

Indicó que el principio  de paridad se cumplió con el principio de paridad al momento de registrar su lista de candidatos a diputados plurinominales.

Asimismo, afirmó que el ITE además de violar el principio de certeza, también trasgredió el artículo 105 de la constitución, el cual establece que no se debían realizar modificaciones a los ordenamientos electorales después del mes de septiembre, al  incorporar una regla no establecida.

Recordar que consejeros electorales realizaron cambios en la asignación de diputaciones plurinominales que afectaron directamente a los primeros lugares de las listas de candidatos del Partido del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera y Nueva Alianza  (PANAL), J. Carmen Corona Pérez, con el argumento de cumplir con la paridad de género.

Asimismo, el pleno del TET determinó echar abajo el acuerdo del órgano electoral ITE-CG-287/2016 por el que determinó dejar sin prerrogativas a los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) al no alcanzar el tres por ciento de la votación total valida del elección de diputados por mayoría relativa.

Los magistrados determinaron que consejeros electorales hicieron una interpretación incorrecta del convenio de coalición que signaron ambos partidos con el Revolucionario Institucional (PRI) en la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa.

Al resolver los juicios electorales TET-JE-253/2016 y acumulados la instancia jurisdiccional afirmaron que el convenio de coalición realizado por el PRI-PVEM en 10 distritos electorales y del PRI-PANAL en 15 distritos, es claro en su redacción.

Por lo que ordenaron a los consejeros modificar el acuerdo y determinar que el PVEM obtuvo el 4.78 por ciento de la votación y el PANAL el 6.87, suficiente para obtener financiamiento público.

Por otra parte, confirmaron que el Partido Encuentro Social (PES) obtuvo el 2.63 por lo que si bien mantendrá su registro en el órgano local, no tendrá derecho a financiamiento público.

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