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Opinión 385… Calumnias e injurias: ¿Límites o extremos del ejercicio de la libertad de expresión?

La Libertad de Expresión es una garantía que reconoce la necesidad de que los individuos tengan la libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, para posteriormente expresarlo, aunque ello se oponga a otras formas de pensamiento, dicha peculiaridad lo consagra como un derecho oponible al Estado y sus autoridades, subsistente en un régimen democrático.

A lo largo de la historia se ha pugnado por el reconocimiento del derecho del hombre a externar sus ideas, así pues el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe a los gobernantes someter las manifestaciones a cualquier tipo de inquisición judicial o administrativa.
No obstante, el ejercicio de la libertad de expresión tiene ciertos límites, esto es, no deben atacar la moral, no deben quebrantar los valores que integran el respeto mutuo y la dignidad de la persona, ni dañar los derechos de un tercero.
En este sentido, las calumnias, entendidas como “acusaciones falsas”, generalmente equiparadas a las mentiras, así como las injurias, que son todo aquel acto que atenta contra el honor, la reputación u honor de toda persona, eran conductas tipificadas como delitos.
Sin embargo, con la reforma del 2007, impulsada en el mandato del Presidente Felipe Calderón, se determinó que entrara en vigor la despenalización de los delitos contra el honor: Difamación, Calumnias e Injurias, a nivel federal.
La intención de esta medida, es generar por una parte, una especie de contrapeso a fin de que las opiniones vertidas por las personas y los medios de comunicación se apeguen a lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución, y por la otra proteger en especial a los periodistas de los riesgos desmedidos a los que se enfrentan dichas personas al ejercer su profesión, como la inseguridad colectiva, censura, amenazas, agresiones que en algunos casos han dado lugar a su muerte o desaparición.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación están conscientes de la situación especial que guardan los integrantes del gremio periodístico al llevar a cabo su labor.
En este sentido nuestro máximo Tribunal Constitucional reconoce un “Sistema Dual de Protección”, bajo el cual los límites de critica son más extensivos cuando se trata de “figuras públicas” o que por su desempeño dentro de la gestión pública se encuentran sujetos a un control más riguroso de las actividades que realizan y de las opiniones que emiten.
La aplicación de sanciones penales a las intromisiones al derecho al honor resultaba desmedida y desproporcional, que coartaba la libertad de expresión, máxime cuando si bien es cierto el periodista en su mayoría emite opiniones de diversa índole, estas generalmente están sustentadas en otras fuentes o boletines informativos, motivo por el cual no se acredita que el periodista actué con “real malicia”, que de acuerdo al Sistema Dual de Protección se refiere a la existencia de información totalmente falsa que no encuentra ningún sustento o fuente.
La idea de proponer la inaplicabilidad de sanciones de carácter penal al ejercicio indebido de la libertad de expresión reconoce que las informaciones débiles no incurren en un dolo en particular, más bien está sujeto a que el periodista corrija en un futuro la información o en todo caso será la opinión pública de rechazar a aquellos medios que no verifiquen sus informaciones.
Sergio García Ramírez al presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó: “la presunta falta de ética y de responsabilidad de los medios de comunicación debe tratarse lo menos posible con instrumentos penales, sin que ello signifique que exista impunidad absoluta a los periodistas”.
Las sanciones civiles de cierta forma representan una forma más adecuada y proporcional de reparar el daño que ocasionan los malos periodistas que emitan notas que vulneren el derecho al honor y de intimidad de otras personas, pues deben hacerse responsables del daño moral que ocasionan con ello, pero de ninguna manera por ello se debe permitir abusos en contra de ellos.

Edgar González Romano.
Comisionado de la CAIPTLAX.
Facebook: Edgar Gonzalezromano
Twitter: @licromano

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