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Envuelto ITE en acusaciones de corrupción, negligencia administrativa, y fraudes fiscales

Jorge ASTORGA/En las últimas semanas el Instituto Estatal de Elecciones (ITE) se ha visto envuelto en una serie de acusaciones de corrupción, omisión y negligencia administrativa, sobregiro respecto a los montos de algunas partidas presupuestales, y fraudes fiscales, entre otras cuestiones.

La conducta de la Presidenta de ITE, Elizabeth Piedras Martínez, ha sido puesta en tela de juicio en diversas ocasiones, por representantes de partidos políticos, e incluso por personal de la misma dependencia, hechos que han sido registrados.

La postura de la titular del ITE es que su trabajo fue impecable, pero ante la opinión pública permean dudas que corresponderá a las autoridades despejar, como la sospecha de corrupción de un consejero electoral de pedir dinero a cambio de una diputación local plurinominal.

LA HISTORIA:

En días pasados la contralora general, María Guadalupe Zamora Rodríguez, solicitó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que realice a la brevedad una auditoría en contra del consejo general del ITE, por presuntamente incurrir en omisión y negligencia administrativa.

Sostuvo que de forma ilegal le fue reducido sus salario en un 50.34 por ciento en este ejercicio fiscal, acto que contraviene a lo que estipula el decreto 167 y 196, publicados en noviembre y diciembre de 2015, que corresponden al presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala.

En un documento entregado al Poder Legislativo, enumeró las  presuntas irregularidades observadas en el interior del órgano electoral, entre las que señaló se encuentra el sobregiro respecto a los montos de algunas partidas presupuestales, así como la documentación comprobatoria incumple con los requisitos fiscales administrativos en diversas operaciones.

También afirmó que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros se realiza sin control y de manera irregular”, lo que genera que “algunas” adquisiciones a precios mayores a los del mercado con la contratación de proveedores fuera del Estado.

Precisó que los inventarios de bienes muebles y parque vehícular no están actualizados y carecen de la validación correspondiente.

-De igual forma, la contralora del ITE Guadalupe Zamora Rodríguez lanzó un oficio con severas críticas que dejaban en duda el manejo del ITE en diversos temas fiscales, por lo que se deslindó de toda responsabilidad ocasionada por un posible fraude fiscal a causa de  algunas declaraciones emitidas por Piedras Martínez, y de Raymundo Amador García, consejeros electorales.

Piedras Martínez fue acusada de imparcialidad, el día que le fue entregada la constancia a Marco Antonio Mena Rodríguez como Gobernador Electo del Estado, pues la la gente se cuestionó el cómo el priísta había accedido al interior de las instalaciones del ITE, dado que a las afueras un séquito de perredistas acompañaba a la ex candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Lorena Cuellar Cisneros.

Trascendió que el acceso habría sido posibilitado por  la contralora del ITE, Guadalupe Zamora y que incluso lo tuvo en su oficina sin dar un aviso al Consejo General de ITE, por lo que Piedras Martínez fue cuestionada en días recientes sobre el supuesto caso.

Al ser cuestionada respecto a esto, Piedras Martinez afirmó que ciertamente se les expresó que no deberían tener relaciones con partidos políticos y precisó: “pero al final también cada quien actúa de manera personal y cada quien toma sus decisiones”.

Aunado a eso, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) revocó los acuerdos por los que integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) realizaron la asignación de regidurías y diputaciones por representación proporcional, ya que violaron el principio de certeza y  la constitución bajo el argumento de preservar el principio de paridad de género en la  integración de los ayuntamientos y la LXII Legislatura local.

Por lo anterior, magistrados ordenaron al órgano electoral modificar en un término de 72 horas a partir de la notificación ambos acuerdos respetando el orden de prelación presentado por los partidos políticos al momento del registro de sus candidatos.

Afirmó que el ITE además de violar el principio de certeza, también trasgredió el artículo 105 de la constitución, el cual establece que no se debían realizar modificaciones a los ordenamientos electorales después del mes de septiembre, al  incorporar una regla no establecida.

El  caso más duro es la denuncia penal del Partido del Trabajo (PT) en  la Procuraduría General de Justicia (PGJE) en contra del consejero electoral, Raymundo Amador García, por actos constitutivos de delitos.

El representante del PT, Jesús Portilla reveló ante los medios de comunicación que los consejeros le solicitaron 750 mil pesos como un pago o gratificación para permitirle llegar a ser diputado plurinominal.

El petista acudió ante la agencia del Ministerio Público especializada para la atención de delitos relacionados con servidores públicos, a presentar dicha querella, en contra de Amador García, a fin de deslindar responsabilidades.

Incluso, en aquella ocasión, mostró y distribuyó, a algunos medios de comunicación, el audio de una grabación en la que presuntamente se escucha la voz de Raymundo Amador García, quien le habría pedido el 10 por ciento de las prerrogativas, voz que ya fue reconocida como de Amador García.

 

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