385 Grados
Opinión

Reto municipal en Tod@s Caben

*Bibián Ordáz Llánes.

Hace más de veinte años resultaba poco creíble que los ayuntamientos pudieran encargarse de la formulación y aplicación de políticas sociales enmarcadas dentro de una visión de gestión pública municipal y que, asimismo, pudieran elaborar estrategias de desarrollo socioeconómico para sus localidades.

Hoy aún es difícil encontrar, en la mayoría de los municipios, una adecuada relación entre ese tipo de tareas y el desempeño de los ayuntamientos.

A partir de que se perfiló una nueva política gubernamental para enfrentar la crisis de los años ochenta y surgir con ello el denominado nuevo federalismo mexicano, se reanimaron las interacciones entre municipios y estados de la federación.

Desde entonces los municipios han asumido un papel más activo dentro del pacto federal, apoyados en las reformas que se hicieron al artículo 115 de la Constitución, primero en 1983 y luego en 1999.

El ayuntamiento es una figura primordial reconocida como un órgano colegiado de gobierno, como poder público municipal y no solo como autoridad administrativa. Con este reconocimiento a los ayuntamientos se habilitó a los municipios para insertarse de mejor manera en el juego de relaciones intergubernamentales, que son el fundamento de la vida federal.

El ayuntamiento está llamado a ser un órgano definitorio, lo cual aún no se logra en la mayoría de los municipios. Debiera tener ese carácter desde que elabora y aprueban los planes de desarrollo municipal y, a partir de estos, determinar las políticas específicas a través de las cuales se dará cumplimiento a objetivos y metas de dicho plan.

Cuando se habla de política y desarrollo en el ámbito municipal, lo primero que debe considerarse es su vinculación directa con los servicios públicos municipales. No se puede pensar en políticas de beneficio social y promotoras del desarrollo municipal si no es a partir de la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos.

No obstante, si la gestión pública municipal es el conjunto de acciones y políticas a través de las cuales se canalizan recursos para el desarrollo municipal, actualmente, dicha gestión parece determinarse y conducirse más por el aparato administrativo municipal bajo la conducción presidencialista que por la decisión y supervisión colegiada de los ayuntamientos. De manera que las Comunas están aún en tránsito de convertirse realmente en rectores del desarrollo de sus comunidades.

Es por ello que la gestión pública municipal tendrá que encontrar cauces eficaces para que los objetivos y metas que se establezcan en el plan de desarrollo municipal y los servicios públicos, incluyan al conjunto territorial y poblacional correspondiente.

Se requieren, pues, nuevos esquemas para la reorganización territorial de la municipalidad, con el objeto de que la acción del gobierno municipal pueda extenderse oportuna y eficientemente a todo lo largo y ancho del territorio correspondiente.

Por lo anterior, las recién electas autoridades municipales en Tlaxcala tienen frente a sí el reto y la responsabilidad de ejercer su función con base en políticas públicas que beneficien al mayor número posible de habitantes de sus demarcaciones.

Para ello necesitan actualizarse, ya sea de manera individual o colectiva, en temas de políticas públicas y gestión municipal para que tengan las herramientas necesarias y suficientes para enfrentar ese reto y al final de su periodo poder entregar buenas cuentas a los ciudadanos.

No basta con haber ganado. Hay que demostrar para qué se ganó.

Recuerden que: “No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”. Aristóteles.

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