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Mujeres detenidas en México son “violadas” por policías y militares

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Juan PLUMA/ Amnistía Internacional realizó una investigación en la que quedó en evidencia el uso de la violencia sexual como un método de tortura para “hacer confesar” a las mujeres. Policías y militares serían responsables de ejecutar tales acciones con el fin elevar cifras para hacer notar el efectivo combate contra la delincuencia organizada existente en nuestro país.

MUJERES DETENIDAS SON VIOLENTADAS EN MÉXICO

En la investigación, Amnistía Internacional revisó de cerca el caso de 100 mujeres recluidas en prisiones federales. 72 de ellas denunciaron haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, 33 fueron violadas.

Además, atestiguaron que habían sufrido algún tipo de tortura o maltrato entre los que destacan el acoso sexual y el abuso psicológico durante las distintas fases de su detención, arresto e interrogatorio, principalmente. Acusaron directamente a policías municipales, estatales o federales, a miembros del Ejército y la Marina de ser los principales actores de las agresiones.

66 mujeres afirmaron haber denunciado estos abusos ante distintas autoridades, pero solo una tercera parte (22 casos) lograron que se abriera una investigación. Se desconoce si se presentaron cargos de alguna índole luego de que se presentaron las denuncias.

“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

MUJERES DE BAJOS RECURSOS SON LAS MÁS PROPENSAS

En la mayoría de los casos, las mujeres dejaron claro que sufrieron tocamientos, manoseos, incluso golpizas y descargas eléctricas a causa del interrogatorio. Sorpresivamente la mayoría de ellas fue acusada de delitos relacionados con drogas o delincuencia organizada; proceden de hogares con bajos recursos, por lo que no pudieron tener una “defensa adecuada”, así pues, la mayoría fue obligada ”a confesar sus delitos” y quedaron como criminales.

“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México. Las autoridades, normalmente más preocupadas porque se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes; suelen considerarlas objetivos fáciles”, sentenció Guevara-Rosas.

JUSTICIA, LA GRAN AUSENTE

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2013 y 2014 se duplicaron las querellas de tortura a nivel nacional, según datos de la Procuraduría General de la República en México.

Sin embargo, señala Amnistía: “Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos”; y acusa que: “Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan”.

IMPUNIDAD

Aunque las cifras son altamente alarmantes, el ejército mexicano reportó a Amnistía Internacional que ningún soldado ha sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual en el periodo comprendido entre 2010 y 2015. Durante el mismo tiempo, sólo 4 marinos han sido suspendidos, sólo uno de ellos acusado de abuso sexual.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas.

Sin embargo, el Congreso mexicano se encuentra debatiendo el proyecto de Ley General sobre la Tortura, que si bien lleva elementos positivos importantes, se deben cuidar las reformas a las disposiciones pertinentes para fortificar la norma de inadmisibilidad a través de la que “todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales, excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.”

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